A raíz de la crítica situación económica, la disminución de recursos fiscales y la fuerte inversión que demanda la situación sanitaria y social, el Poder Ejecutivo propone a la Legislatura “una serie de medidas con criterios de progresividad y solidaridad”, tal como se presentó oficialmente.

Se aplicará al Ejecutivo, entes descentralizados y poderes Legislativo y Judicial y se procura con la misma “un esfuerzo colectivo en base a quienes tienen mayor capacidad contributiva”.
Primeros números sobre el proyecto de Bordet Redacción de Página Política 26 Jun, 2020
El ministro de Economía, Hugo Ballay, estimó que entre la reducción de gastos e incrementos de recursos que impondría la ley de emergencia, la provincia estaría reuniendo unos 2.228 millones de pesos en un año. Sólo el medio aguinaldo es de 4.000 millones. Ni siquiera cubriría la caída de la recaudación del primer semestre, que fue de 3.300 millones.
La emergencia no alcanzaría ni para cubrir el medio aguinaldo Redacción de Página Política 26 Jun, 2020
Los gremios estatales, donde los trabajadores tendrán aumento de aportes tanto activos como pasivos con destino a la Caja de Jubilaciones, salieron a cuestionar la iniciativa. Oscar Muntes, secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Entre Ríos, consideró que “este proyecto de emergencia solidaria tiene muy poco de solidaridad porque entendemos a la solidaridad de otra forma”.

“Sabemos que la situación en la provincia no es fácil, pero también es cierto que cuando hace unos meses nos reunimos con las autoridades del gobierno provincial, le entregamos un documento en el que planteamos que debería implementarse una reforma tributaria progresiva en la que paguen más los que más tienen, que se instrumente un impuesto a los latifundios, a la minera extractivista que hay en la provincia y al sistema financiero, entre otros sectores”, apuntó en declaraciones a APF.

“Ese es el camino, esa es la verdadera solidaridad, no ésta que propone el Gobierno de (Gustavo) Bordet”, enfatizó Oscar Muntes, quien sostuvo que “el nombre de la ley es un eufemismo que intenta que el impacto no sea tan fuerte, pero en realidad implica un verdadero ajuste”.

Y arremetió: “Cuesta entender esto que hacen porque habíamos acordado que cualquier reforma de la Ley Nº 8.732 de Régimen de Jubilaciones y Pensiones o cualquier cambio al sistema previsional íbamos a discutirlo en conjunto. Como no pudieron hacer una reforma de la Caja de Jubilaciones, la pretenden hacer por goteo y a partir de ahí nos van sacando derechos”.

Para el dirigente, “duele que salgan con esto en un momento en el que no nos podemos movilizar ni expresar”. Y añadió: “Utilizamos la calle como elemento o herramienta de disputa y de defensa de los derechos de los trabajadores, pero ahora no lo vamos a poder hacer, aunque seguramente vamos a hacer algunas acciones”.

En este sentido, advirtió que están “en permanente contacto” con el resto de los gremios que integran la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones”.

Unilateral

Carina Domínguez, vocal titular de la Unión Del Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos, aseguró que el gremio se enteró del proyecto por los medios de comunicación y remarcó que ha sido una medida tomada de manera “unilateral”.

“Siempre que se habla de una ley de emergencia, se enciende una señal de alarma”, aseguró y anticipó que los gremios tendrán que “discutir con el Gobierno y con los legisladores hasta dónde este proyecto habilita para tomar medidas que puedan perjudicar al sector público”.

“La historia de la provincia de Entre Ríos ha demostrado que las leyes de emergencia han sido nefastas para los trabajadores y han terminado con los compañeros en la calle, y nosotros no queremos eso, mucho menos en un día como hoy que recordamos a los trabajadores del Estado”, mencionó en diálogo con APF.

En ese sentido, advirtió que cuando se anuncia una ley de emergencia “se sabe dónde empieza, pero no se sabe dónde termina, por eso esperamos que este no sea el primer paso de un ajuste que afecte a los trabajadores”.

“Por la información a la que hemos accedido, esta ley tiene un impacto en el sector privado y alcanzaría a los grupos que se han beneficiado en los últimos años y, aún en la crisis, siguen teniendo ganancias”, comentó.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) difundió un flyer en el que rechaza el proyecto. “Solidaridad es sostener la educación pública” y que “la crisis no la paguen los trabajadores”.

Para el sindicato docente, la iniciativa es “regresiva” y exige al Gobierno que grave “a los sectores concentrados y favorecidos de la economía”.

¿Emergencia Solidaria o nuevo ajuste a los trabajadores?

Por Nadia Burgos y Nicolas Zuttión (*)

El gobernador Gustavo Bordet, envío a la Legislatura un proyecto de ley denominada de “Emergencia Solidaria”. En estas pocas líneas queremos desandar algunas cuestiones referidas a ciertas falsedades que circulan sobre la iniciativa. ¿Es realmente una medida que afecta a las grandes riquezas concentradas? ¿Se puede considerar, en uno de sus aspectos, como una reforma tributaria progresiva?

Mientras nuestra provincia empieza a sufrir los primeros síntomas del ingreso al pico de contagios de la pandemia del Coronavirus y se combina con la agudización de la crisis económica, el Gobernador elevó un proyecto a la cámara de diputados con el fin, como dice el texto, de declarar “…el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en el ámbito de Entre Ríos…”. La iniciativa que, en el discurso oficialista se presenta como una medida que va a afectar los sectores más poderosos de la provincia, en lo concreto es un nuevo golpe a trabajadores y jubilados.

Con un alcance a todos los poderes del Estado provincial, los municipios adheridos al sistema previsional provincial, incluyendo entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del Estado, el estado de emergencia, establecido en el proyecto, prevé durar un año desde su posible sanción con la posibilidad de extensión de 180 días solo mediante un decreto del ejecutivo.

Objetivo central: El sistema provisional

Bordet desde que comenzó el año, actos oficiales y declaraciones de por medio, anunció la necesidad y urgencia de una reforma previsional. Las respuestas de lxs trabajadores lograron que se tenga que retrotraer de sus propias palabras. Pero ahora, con el marco de la pandemia como escenario perfecto, busca avanzar sobre salarios y jubilaciones de trabajadores para resarcir el déficit de la Caja de Jubilaciones. Maniobras que ya vimos, por ejemplo, en Córdoba donde Schiaretti aprobó una reforma jubilatoria entre gallos y medianoche. En el nuevo proyecto presentado, el gobernador de Entre Ríos, por ejemplo, busca elevar los aportes personales de trabajadores activos de un 16% a un 22% para aquellos que cobren un salario nominal de $75.000 en adelante. Con respecto a los aportes extraordinarios de jubilados supone porcentajes de un 4% a un 10% comenzando, nuevamente, de aquellos que perciben $75.000 en adelante. Con la excusa de que afecta a los salarios más altos, se da luz verde a la práctica de ajustar a los trabajadores para cubrir déficit.

Lxs trabajadores provinciales en lo que va del año no han tenido paritarias sin importar que la inflación se acumula mes a mes. Paralelamente estamos ante una nueva crisis social y económica que se desarrolla en el país. El gobernador por su parte no cambia de receta, sigue sosteniendo que la crisis la tienen que sustentar los bolsillos de los trabajadores. Esto lo demuestra con la nueva ofensiva hacia el sistema previsional y la ley 8.732.

Si hay algo que tiene que quedar en claro es que, si existe un déficit en la Caja de Jubilaciones, lxs trabajadores no tienen responsabilidad. La insostenibilidad la generaron los políticos y sus políticas. En nuestro caso el peronismo y sus gobiernos consecutivos, cosa que Bordet parece olvidar. Además, cabe agregar otro elemento. El Estado, para percibir más aportes tiene que dejar de emplear de manera precarizada. La precarización estatal es una de las claves por las que se explica la falta de aportantes. Hay que pasar a todos lxs trabajadores a planta permanente, con salarios dignos, en blanco, para que no haya ningún monto que sea no remunerativo y así se pueda aportar todo lo que haya que aportar al sistema previsional. Sin dudas que también hay que ir contra las jubilaciones de privilegios, aquellas que detentan la casta política judicial y política. Por último, para que se sepa realmente de dónde se originan estos déficits, que hoy en día se quieren corregir con una ley anti obrera, hay que establecer un control sobre la Caja de Jubilaciones. De esta forma los trabajadores y jubilados sabríamos en qué se utiliza el dinero.

Números que no cierran

Al ataque mencionado sobre el bolsillo de trabajadores y jubilados, en el proyecto redactado por el gobernador, también enumera que las entidades financieras y bancarias tienen que cumplir con una contribución especial, al igual que los propietarios de superficies rurales superiores a 1.000 hectáreas que representan el 3% de las partidas en toda la provincia. Con esto sólo resta decir que Bordet pone en el mismo lugar para pedir un “esfuerzo” a trabajadores con los grandes empresarios de la provincia que año a año obtienen fortunas increíbles.

Sin embargo, hasta su propio ministro de economía, Hugo Ballay, dijo que los 2.228 millones de pesos que, en un año juntaría el Estado con esta reducción de gastos e incrementos de recursos, no alcanzaría siquiera para cubrir el medio aguinaldo.

La emergencia es de lxs trabajadores

Es imposible desconocer que estamos ante una emergencia como lo indica el gobernador, pero para nada compartimos las orientaciones políticas para combatirla. Las iniciativas que se necesitan no pueden ir contra los sectores ya golpeados. Si de verdad se quiere avanzar contra los sectores concentrados, Bordet le tendría que exigir a Alberto Fernández, que avance con la aplicación del proyecto de Ley de Impuesto Extraordinario a los grandes patrimonios presentado por el FIT-U. Con esta sólo medida se juntarían fondos por más de 15.000 millones de dólares y tan sólo afectaría a 5.000 personas (el 0,03 % de toda la población).

Un ejemplo. Sólo cobrándole este impuesto a la Familia Eskenazi, que grandes fortunas ha hecho con el Banco Bersa en la provincia, nos acercaríamos a la suma que el Estado provincial supone recaudar afectando a trabajadores y jubilados.

Otro punto sería terminar con la fuga del pago de la deuda externa, ilegítima y fraudulenta que, en lo que va del año, ya se llevó la suma de U$S 3.800 millones. Estos intereses nunca se tocan y si ocurren es de forma cosmética como lo plantea el proyecto de “Emergencia Solidaria”. Sostenemos estas medidas de fondo ya que son las únicas que nos garantizarían, en el marco de la pandemia y crisis económica, revertir la situación de los más damnificados. No son salidas utópicas, son necesarias. Utópico es pensar que la salida a la crisis de los trabajadores son recetas que ya han fallado.

Desde el MST en el FIT Unidad llamamos a organizarnos y luchar contra este nuevo ajuste. Trabajadores de Entre Ríos hemos dado sobradas muestras de defensa a la ley jubilatoria, con acciones en la calle y en unidad de acción. En este sentido advertimos que tanto AGMER como ATE deben llamar a paro y organizar un plan de lucha urgente. Por paritarias, pase a planta permanente y por condiciones dignas de trabajo, que incluya una regulación del teletrabajo docente y EPP que garanticen la bioseguridad de trabajadores de salud que son la primera línea frente a la crisis sanitaria. Si Bordet apela al aislamiento para hacer pasar la crisis, les trabajadores con los cuidados necesarios, debemos expresarnos y tomar las calles para frenar el ajuste.

(*) Dirigentes del MST-Nueva Izquierda
Fuente: Página Política

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