El acuerdo de José Ángel Allende entró en un túnel del que se desconoce la salida. Esa es la noticia. De dar por sentado que en la audiencia del 1° julio no había otra posibilidad que ratificar lo acordado entre la Procuración General y la defensa, en los últimos días esa certeza comenzó a empañarse.

El ex diputado provincial tiene cerrado una pena de dos años y ocho meses de prisión condicional, entregar su casa del Parque Urquiza valuada en 720.922 dólares; y otra en el centro de Paraná que tiene un valor de 378.289 dólares. También deberá pagar una multa de tres millones de pesos. Todo eso por el delito de enriquecimiento ilícito fijado en más de un millón de dólares; por haber agredido a la ministra de Salud Sonia Velázquez, lo que se constituyó en una causa de violencia de género con el testimonio de otros funcionarios; y por las amenazas al periodista Martín Carboni. En este último caso, el fiscal Álvaro Piérola ya había elevado la causa a juicio y adelantado una pena de dos años.

Tras conocerse el acuerdo luego de la publicación de Página Judicial, la ministra manifestó en la prensa su malestar por la propuesta de la que se beneficiaría Allende. Esa expresión, sin embargo, se plasmó en una presentación judicial en la que Velázquez rechazó el acuerdo al entender que la unificación de las causas no tiene un criterio que permita juzgarlo en un solo acto. El tribunal integrado por José María Chemez; María Carolina Castagno y Alejandro Cánepa deberá refrendar o rechazar ese acuerdo que alcanzaron Leopoldo Lambruschini en representación de Allende; la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche; el fiscal de género Leandro Dato; y los fiscales Laura Cattáneo y Piérola.

No hay demasiados antecedentes en la jurisdicción de que un tribunal rechace lo acordado por las partes. Sucede que en este caso, Velázquez y Carboni se manifestaron en desacuerdo y poco o nada pueden hacer, ya que no se habían presentado como querellantes. ¿Qué sucedió? Cuando los hechos se hicieron públicos, el Ministerio Público Fiscal abrió investigaciones de oficio. Esto relajó a las víctimas y no se presentaron.

Velázquez y Carboni quedaron presos de un sistema que, quizás, debería corregirse. ¿Por cuestiones técnicas pueden las víctimas tener que aceptar algo que los ofende?

Por directriz de la Procuración General, en los casos de violencia de género, los fiscales toman como vinculante la opinión de la víctima. Esto no surge de la ley, sino de la política criminal del procurador Jorge García. Esto, posiblemente, sea una conquista social producto del contexto y la nueva sensibilidad ante el machismo milenario que en el Siglo XXI se han propuesto a remediar.

Con la negativa de la víctima, en este caso Velázquez, Dato puede levantar el pedido de abreviado en lo que incumbe al delito de género. De no hacerlo, la última palabra la tendrá el tribunal. El 1° de julio.
Fuente: Página Política

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