El ex gobernador Sergio Urribarri no sabe todavía cuándo, pero tiene la certeza de que será sometido a juicio en la causa por el supuesto desvío de fondos para financiar su fallida campaña presidencial, a la que llamó el sueño entrerriano.

En la última etapa de una larga, larguísima, audiencia el juez Ricardo Bonazzola aceptó la remisión a juicio de la casa que lo tiene al ex mandatario como imputado por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. En ese marco, los fiscales ya adelantaron que pedirán una condena de nueve años de prisión.

En el banquillo de los acusados también estarán sentados los ex ministros Pedro Báez y Hugo Marsó, para quienes pedirán condenas de ocho y cuatro años de cárcel, respectivamente, junto con ex funcionarios provinciales y empresarios.

Concretamente, se le atribuye a Urribarri el uso de fondos públicos para la publicación, en junio de 2014, de una solicitada en 18 diarios nacionales para que todos los sectores se unan contra los fondos buitres, titulada “Acuerdo de Compromiso para la Reafirmación Democrática Argentina”, por la que se pagaron 4.308.500,23 pesos; también por la contratación que hizo con la productora Nelly Entertainment SA, por un monto de 28,4 millones de pesos, en el marco de la Cumbre del Mercosur que se desarrolló en Paraná en diciembre de 2014; y por la instalación del parador playero en Mar del Plata, en el verano de 2015, por el que se pagaron 14.561.870 pesos.

En la causa también están imputados Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que habría cobrado una coima por la instalación del parador playero; la contadora Corina Cargnel, de las empresas TEP SRL y Next SRL, a través de las cuales se habría triangulado el dinero de esas coimas; y el empresario Gerardo Caruso, que montó el parador en Mar del Plata. Para ellos, los fiscales pedirán condenas de ocho a cuatro años de prisión.

Aquí un dato que es una perlita: al momento de presentarse para la licitación, la empresa no tenía domicilio en la provincia y lo constituyó “ficticiamente” en la casa de Rubén Virué, que en ese momento era Secretario de Justicia.

También los ex funcionarios Hugo Félix Céspedes, ex coordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur; y Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de esa comisión especial, acusados por las contrataciones de publicidad. Para ellos, los fiscales adelantaron que pedirán condenas de cuatro años de prisión.

En la audiencia celebrada este viernes los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull y los abogados defensores expusieron cuáles son los testimonios y pruebas documentales que pretenden reproducir en el debate oral y público.

Las partes solicitaron que se convoque a casi un centenar de personas a declarar. Entre los testigos se cuentan el ministro de Economía Hugo Ballay, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, el contador general Aurelio Miraglio, los ex presidentes del Tribunal de Cuentas Guillermo Smaldone y su antecesor Hugo Molina e integrantes de los organismos de control, entre otros funcionarios y ex funcionarios provinciales.

También están citados algunos intelectuales de la talla de Horacio González, ex director de la Biblioteca Nacional; y Eduardo Rinesi.

Antes de eso, el juez Bonazzola rechazó un planteo de los defensores para desechar como prueba documental los informes que los fiscales habían solicitado a las empresas de telefonía sobre los registros de llamadas entrantes y salientes –no el contenido– de los aparatos de los acusados en la causa. El argumento era que se había violentado el derecho a la intimidad de las personas y que el pedido a las empresas debía hacerse a través de un juez. “Aquí no se interceptaron ni se captaron, de ninguna forma, las comunicaciones personales de manera ilegal”, sostuvo el magistrado.

Del mismo modo, rechazó la pretensión para que se anule un informe pericial contable e informático elaborado por peritos del Ministerio Público Fiscal. El abogado Guillermo Vartorelli había planteado, por ejemplo, que expertos de la Facultad de Ciencias Económicas y del Colegio de Profesionales de las Ciencias Informáticas de Entre Ríos (Coprocier) auditen aquellos informes, algo que fue admitido por el magistrado.

Así las cosas, el juez Ricardo Bonazzola dispuso la remisión de la causa a juicio y corresponderá ahora a la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial determinar la fecha. Mientras tanto, la defensa de Urribarri insistirá en solicitar el sobreseimiento del ex mandatario.
Fuente: Página Política

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