El ex intendente Sergio Varisco enfrenta otro juicio, el segundo, tras haber sido condenado por delitos de narcotráfico. Está acusado por haber supuestamente beneficiado a una mutual que pretendía un adelanto por descuentos futuros a empleados municipales.

El juicio comenzó con un contrapunto entre fiscales y defensores, luego de que la procuradora adjunta señalara en el alegato de apertura que la acusación podría tener mutaciones en el devenir del debate. Varisco está acusado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y fraude a la administración pública. Pero Cecilia Goyeneche no descartó variar esa figura por la de abuso de autoridad y/o peculado, lo que generó la reacción y rechazo de los defensores que invocaron una vulneración del derecho de defensa.

En el banquillo de los acusados también están sentados el ex secretario Legal y Técnico del municipio, Walter Rolandelli –los defensores volvieron a pedir que no sea acusado–; y quien era entonces presidente la Mutual Modelo, Miguel Picazzo.

De acuerdo con la acusación, el 22 de enero de 2016, un mes y medio después de haber asumido como intendente, Varisco firmó un convenio por 1,5 millones de pesos con la Mutual Modelo, en concepto de adelanto de las retenciones que el municipio haría en los siguientes dos años a empleados municipales que tenían créditos con la entidad.

La mutual había solicitado un adelanto de esos fondos para “paliar la situación financiera” que atravesaba, “originada por los saldos no cubiertos por los agentes municipales”, según lo consignó en las notas que presentó al municipio.

Goyeneche aseguró que eso que llaman “anticipo financiero” es un eufemismo que escondía, en realidad, “un único propósito que era sustraer dinero de las arcas municipales para beneficiar a un particular” y agregó que “la crisis financiera alegada por la mutual no aparecía reflejada en la documentación que presentó” ante el municipio.

Goyeneche aseguró que eso que llaman “anticipo financiero” es un eufemismo que escondía, en realidad, “un único propósito que era sustraer dinero de las arcas municipales para beneficiar a un particular” y agregó que “la crisis financiera alegada por la mutual no aparecía reflejada en la documentación que presentó” ante el municipio.

El adelanto solicitado por la mutual, sin embargo, no se concretó porque el contador general, Eduardo Campdesuñé, encargado de realizar el control de legalidad y emitir la orden pago, planteó algunas observaciones, principalmente, relacionadas con el recupero de los fondos por parte del municipio y recomendó que, en caso de otorgase, se le solicitara a la mutual que presentara un seguro de caución.

Se pidió entonces un dictamen a la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Rolandelli, quien opinó que en virtud de que el municipio “opera como agente de retención de la asociación mutual, y siendo que se cuenta con el fondo de ayudas económicas, cuyo monto resulta suficiente para garantizar el anticipo otorgado, cabría retener el proporcional del adelanto convenido en concepto de garantía”. Su defensor, Rubén Pagliotto, cuestionó la acusación y dijo que su intervención se produjo seis días después de que el intendente firmara el decreto autorizando el adelanto. “¿Cómo pudo haber incidido sobre un hecho consumado?”, se preguntó. “Pero además Rolandelli habla siempre en potencial y lo deja a criterio de quien fue ungido como intendente”, agregó el letrado.

El trámite siguió adelante, pero la orden de pago, sin embargo, terminó siendo anulada porque la propia mutual inició otro expediente; y surgió la firma de un convenio, fechado el 4 de febrero, por el cual se dispuso el anticipo de 1,5 millones de pesos; pero la Secretaría de Hacienda, a cargo de Cristina Ruberto, pidió un nuevo dictamen a Rolandelli y éste respondió que “lo pedido podría (quedar) a consideración del DEM (Departamento Ejecutivo Municipal) considerando que se registran antecedentes de haberse otorgado” adelantos similares durante la gestión de Halle.

¿Por qué otro expediente? La fiscal Patricia Yedro cree que se hizo de ese modo para “evitar todo control administrativo”. Pero el propio Campdesuñé dijo en su declaración ante el tribunal que “todo expediente que implique movimiento de fondos debe pasar por la contaduría general, que es la encargada de emitir las órdenes de pago”.

Lo cierto es que tampoco ahí se concretó el pago y todo el trámite se anuló.

Los defensores sostienen que no hubo delito, que se trató de una operación lícita e hicieron hincapié en que no se concretó el pago a la mutual porque el trámite fue suspendido y luego anulado. Dijeron también que durante la gestión de José Carlos Halle, entre 2007 y 2011 se concretaron siete operatorias del mismo tipo; y que en el presupuesto municipal había una partida denominada “adelanto a mutuales”. Emilio Fouces, defensor de Picazzo, afirmó que en este caso “se tomaron los modelos realizados en procedimientos anteriores, de manera que no se entiende por qué aquellos procedimientos fueron lícitos y este no”.

“Este Ministerio Público Fiscal ha caído en la delito-manía; ven delitos por todas partes. Pero no todo es delito; y hay cosas que no se ven como delito porque no conviene”, disparó Pagliotto en su alegato de apertura.

En su declaración ante el tribunal, el contador Campdesuñé explicó que la discusión estaba centrada en obtener certeza de que la Mutual Modelo devolvería los fondos a la Municipalidad –en eso coincidió la ex secretaria de Hacienda, Cristina Ruberto– y recordó que la nota presentada por la entidad “era escueta y no argumentaba sobre los motivos por los cuales solicitaba esos fondos”; e insistió en que para obtener una mayor certeza, en un primer momento, se recomendó solicitar un seguro de caución a la mutual, pero dos aseguradoras rechazaron esa modalidad.

Campdeuñé remarcó que “el dictamen (de Rolandelli) decía que estaba garantizado el recupero de los fondos”; pero en su consideración, “seguía habiendo un riesgo y entonces se pidió que se hiciera una cesión de créditos por parte de la mutual a favor del municipio y que se le impidiera ceder esos créditos a terceros”.

Campdesuñé explicó que el presupuesto tenía asignado un monto en concepto de “adelanto a mutuales” y resaltó que “si no hubiese estado previsto en el presupuesto o el pedido de la mutual excedía lo establecido en el presupuesto, se debió objetar toda la operatoria; por eso nos centramos en el recupero de los fondos”.

La ex funcionaria Ruberto insistió en que “no se discutía si la operatoria era legal o ilegal; lo que hacía ruido era cómo se cancelaba el adelanto” que pretendía la mutual.
Fuente: Página Política

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