La jueza Marina Barbagelata homologó un acuerdo de cese de prisión preventiva de los contadores Gustavo Hernán Pérez y Roberto Ariel Faure y dispuso la excarcelación de ambos, por lo que ya no quedan detenidos en la causa donde se investiga una millonaria estafa a través de contrataciones irregulares en la Legislatura.

Los contadores Pérez y Faure se encontraban bajo arresto domiciliario y sus defensores esperaban una audiencia ante un tribunal de casación para solicitar su excarcelación, prevista para este martes.

En cambio, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, junto con los abogados Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli –defensores de Pérez– y Leopoldo Cappa –en representación de Faure– presentaron un acuerdo para la excarcelación de ambos que fue homologado por la jueza y enseguida los contadores quedaron en libertad.

La resolución –a la que accedió Página Judicial– sostiene que “sin perjuicio de que los riesgos de daño jurídico que se invocaron en las distintas audiencias llevadas a cabo para la imposición de medidas de coerción, siguen vigentes, como así también se mantiene el mérito sustantivo sobre la intervención de los imputados en la comisión del hecho bajo investigación, la situación puede ser cautelada a través de las medidas que de común acuerdo interesan”.

Para decirlo más claramente, los fiscales insisten en que existen indicios de que Pérez y Faure integraban una asociación ilícita que habría perpetrado un desfalco millonario a través de contrataciones irregulares en la Legislatura, entre 2008 y 2018; e incluso creen que podrían entorpecer la investigación, pero que esos riesgos se minimizarían imponiéndoseles una serie de restricciones.

Pérez y Faure, del mismo modo que el resto de los imputados, no podrán cambiar de domicilio ni ausentarse de la ciudad sin aviso a los fiscales o autorización judicial; tendrán que presentarse dos veces por semana en una comisaría; se les prohibió el contacto con los contratantes ni con aquellas personas que tengan intervención en el trámite administrativo de suscripción, pago o rendición de contratos y tampoco con auditores del Tribunal de Cuentas; ni podrán ingresar a Casa de Gobierno ni a dependencias de la Legislatura hasta que se remita la documentación que reclaman los fiscales.

De esta forma, ya no quedan detenidos en la causa.
Fuente: Página Política

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