Por Sara Liponezky (*)

“Alejo Ramos Padilla es el juez federal de Dolores que se encuentra a cargo de la presentación contra Carlos Stornelli, fiscal que lleva adelante la causa de “Los Cuadernos”, denunciado por recibir coimas para evitar que un empresario apareciera vinculado a la ruta del dinero del kirchnerismo. A sus 35 años, en 2011, Padilla fue abogado querellante en el primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad, tras la anulación de las leyes de Obediencia debida y punto final, y logró la condena a reclusión perpetua del ex comisario general Miguel Osvaldo Etchecolatz”.

Es una transcripción parcial del artículo que publica La Nación en su edición del 12 de marzo de 2019 bajo el título “Quien es Alejo Ramos Padilla…”, diario insospechado de populismo o peronismo si los hay.

Podemos decir que el magistrado cumplió con un acto de audacia y responsabilidad republicana casi inédito transgrediendo una costumbre frecuente en estos tiempos cando los jueces oscilan entre el hermetismo y la frivolidad mediática. Efectivamente, ha respondido a la convocatoria del congreso nacional para relatar pormenorizadamente, con total cuidado de identidades y formas, un caso de gravedad institucional que podría involucrar a representantes de los tres poderes del Estado. De su relato se infiere que podría existir por parte del aludido fiscal y de algunos legisladores, complicidad en actos de corrupción.

Aparte de las desafortunadas declaraciones del presidente contrarias a la independencia de los poderes, la respuesta del Ejecutivo fue de apoyo a Stornelli y de imputación por “mal desempeño” al juez, en un clarísimo intento de desplazarlo. Recordemos que el supuesto de mal desempeño del cargo es muy amplio, lo que requiere delimitar en qué casos los actos u omisiones de los jueces pueden ser considerados tales.

La Ley del Consejo de la Magistratura precisa un poco el concepto con una enumeración no taxativa, a saber: el desconocimiento inexcusable del derecho, el incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, normas legales o reglamentarias, la negligencia grave en el ejercicio del cargo, la manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones, los graves desórdenes de conducta personal, el abandono de sus funciones, la aplicación reiterada de sanciones disciplinarias, la incapacidad física o psíquica sobreviniente para ejercer el cargo. También el deber de observar una conducta irreprochable.

Surge evidente que, solo en una interpretación forzada con escaso rigor legal y muy facciosa, se podría aplicar alguno de esos supuestos a la conducta de Ramos Padilla. Es de tal inconsistencia el cuestionamiento que desde la bancada oficialista acaban de citar al juez para que informe en otra comisión del Congreso, es decir, para que repita la supuesta falta.

Sin embargo, la pretensión de destituirlo subsiste. Porque en realidad no está en juego la probidad, el apego a la ley o la eficiencia del magistrado. El juez ha metido una cuña en la estantería mediática medular del discurso oficial. Ha puesto en jaque cumpliendo con su deber la “marca ética” Cambiemos, que los coloca como autorizados fiscales de la Patria ante la “comprobada e indiscutible” corrupción del adversario.

Pero al fin la sociedad ha dado señales, sacudiendo el letargo y la resignación. Es que, “cuando más oscura está la noche más cerca está el amanecer”.



(*) Militante justicialista y ex diputada nacional
Fuente: Página Política

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